Acuerdos mínimos que los miembros y nodos de la RUxP acuerdan respetar y promover 

(documento aprobado el 30/11/2024)

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En rigurosa coherencia con las implicaciones derivadas del dictamen consultivo emitido por la Corte Internacional de Justicia el 19 de julio de 2024 (al respecto de las obligaciones de terceros países ante las consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental), de su respaldo por la Asamblea General de la ONU de 18 de septiembre de 2024 (que considera completamente ilegal la ocupación y otorga al Estado de Israel un plazo de 12 meses para cumplir con su retirada de los Territorios Palestinos Ocupados y cesar dichas prácticas ilegales), del necesario cumplimiento de las cláusulas de Derechos Humanos incluidas en todos los general agreements de los proyectos de investigación en los que participe Israel, de los artículos 2 (cláusula de Derechos Humanos) y 77 (prohibición de discriminación) del marco de referencia para los proyectos de investigación con dicho estado, que no es otro que el Acuerdo de Asociación Euromediterráneo con Israel de 1995, de la propia letra de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (art. III) y de la lista de motivos expuestos en los informes Anatomía de un Genocidio y El genocidio como supresión colonial de la Relatora Especial para los DDHH en los Territorios Palestinos Ocupados, que resumimos a continuación,

[ Según el artículo VI de la Carta de Naciones Unidas, la Asamblea General puede suspender las credenciales o membresía a un estado miembro por recomendación del Consejo de Seguridad. Israel representa un caso único de mantenimiento de una ocupación ilegal, reconocido en dos ocasiones (2004 y 2024) por sendos dictámenes de la Corte Internacional de Justicia. Israel tiene un caso pendiente por genocidio y ha violado una lista obscena de resoluciones del Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario, el de los Derechos Humanos, la Convención sobre Apartheid y la Convención sobre Genocidio. Sólo en el último año, ha llevado a cabo un ataque sin precedentes contra la Organización de Naciones Unidas: con artillería, con bombas, destruyendo el 70% de las instalaciones de UNRWA, asesinando a más de 230 trabajadores-as de Naciones Unidas sólo en Gaza, atacando a las fuerzas de paz de NNUU en Líbano, difamando a los altos representantes de NNUU, declarando persona non grata al secretario general Guterres, describiendo a la Asamblea General como “cloaca de antisemitas”, alcanzando tal nivel de arrogancia contra las NNUU y el Derecho Internacional que ahora, especialmente tras la ley aprobada en la Knesset que declara a la UNRWA “organización terrorista” y le retira la capacidad de suministrar asistencia en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, representa el último clavo en el ataúd de la Carta de Naciones Unidas. ]

la Red Universitaria Por Palestina, desde 46 de las 50 universidades públicas del Estado español, EXIGE a los órganos de gobierno de las universidades:

1. La condena clara, explícita e inequívocamente sujeta a la legalidad internacional del genocidio en la Franja de Gaza y de las políticas “inherentemente genocidas” (A/HRC/55/73) de la colonización de asentamientos, así como de la ocupación, el saqueo, la expulsión y el apartheid llevados a cabo por el estado de Israel en Palestina.

2. La suspensión de la participación en proyectos y colaboraciones como Horizon Europe, Erasmus+ y similares. Esto incluye la petición al gobierno y al ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de la exclusión de las universidades y los centros de investigación israelíes de cualquier proyecto, contrato o convenio en el marco del Acuerdo de Asociación UE-Israel, por incumplimiento de sus cláusulas en materia de respeto a los Derechos Humanos – cláusulas que la propia UE lleva incumpliendo desde la misma fecha de firma de dicho acuerdo.

3. Incorporar las cláusulas pertinentes de derechos humanos a todos los contratos  u operaciones comerciales para señalar la obligación del cumplimiento del Derecho Internacional. Reafirmar o, en su caso, incluir en los estatutos de cada universidad el compromiso institucional de no participación en materia de aplicaciones y tecnologías militares, incluyendo el “doble uso”. Revisar y en su caso suspender los convenios de prácticas que mantienen nuestras universidades con empresas, entidades y/o instituciones israelíes, así como con empresas o subcontratas que colaboren con o se beneficien de la ocupación y el apartheid en los Territorios Palestinos.

4. Exigir a la UE el desarrollo de programas de colaboración en investigación tipo Horizon que contribuyan a la recuperación de las instituciones académicas palestinas, así como potenciar los programas de colaboración y movilidad con instituciones palestinas desde cada una de las universidades españolas.

5. Garantizar los derechos de la comunidad universitaria ante las denuncias y el acoso a personas, grupos e instituciones por parte de organizaciones vinculadas al estado y/o los lobbies sionistas, que vienen instrumentalizando las acusaciones de antisemitismo para perseguir, criminalizar y silenciar la visibilización y la defensa de los derechos humanos del Pueblo Palestino. Evitar asimismo la celebración de actos, jornadas o seminarios con participación de entidades o instituciones israelíes.

6. Apoyar oficialmente la propuesta a la Asamblea General de la ONU para retirar a Israel sus credenciales como estado miembro de las Naciones Unidas .

Como comunidad universitaria en el sistema público de Educación Superior, subrayamos la necesidad urgente de una ruptura de relaciones en el ámbito universitario y los proyectos de investigación, todo lo cual implica aplicar las medidas reclamadas desde hace años por la Campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones contra la ocupación, la colonización y el apartheid israelíes, recientemente calificadas de obligatorias por la Corte Internacional de Justicia al determinar que la ocupación israelí de Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza es ilegal, que Israel practica el apartheid y la segregación racial y que todos los Estados tienen el deber de contribuir a poner fin a tales prácticas, incluso cortando toda relación económica, comercial y de inversión en el territorio ocupado, en el caso de Israel sobre Palestina o en cualquier caso y en todo territorio ocupado, nunca más en ninguna parte.